Pese a fallo, gobierno de Australia aún puede deportar a Djokovic

(Agencias) Tras el fallo de un juez australiano a favor de Novak Djokovic, el abogado del gobierno Christopher Tran dijo al juez que el ministro de Inmigración, Ciudadanía, Servicios Migratorios y Asuntos Multiculturales, Alex Hawke, “considerará si ejerce un poder personal de cancelación”.

Eso implica que el campeón de nueve Abiertos de Australia y defensor del título podría volver a enfrentarse a una deportación y podría perderse el torneo de este año, que comienza el 17 de enero. También podría ver vetada su entrada en el país durante tres años.

El caso ha atraído atención internacional y provocado una conmoción en Australia, donde en un principio muchos vieron con malos ojos que Djokovic, que se ha mostrado abiertamente escéptico con la vacunas, hubiera recibido una exención a las estrictas normas para competir en Melbourne. Muchos sintieron que el astro estaba recibiendo un trato especial, ya que los australianos no vacunados enfrentan duras restricciones de viajes y cuarentenas. Los documentos judiciales indicaban que el tenista no está vacunado.

Pero cuando la policía de frontera le impidió pasar a su llegada, otros se mostraron en contra y dijeron que se le estaba utilizando como chivo expiatorio para un gobierno australiano criticado por su gestión reciente de la pandemia.

En declaraciones a la televisora Prva en Belgrado, Serbia, el hermano del tenista, Djordje Djokovic, describió el fallo judicial como una “gran derrota para las autoridades australianas”.

Sin embargo, señaló que la familia había oído que su hermano podría ser detenido. No dio más detalles.

“Es fue definitivamente político, todo esto fue político”, añadió.

El cambio de postura ante la indignación pública hizo que algunos sospecharan de motivaciones políticas. El gobierno conservador del primer ministro, Scott Morrison, aspira a la reelección para un cuarto mandato de tres años en las elecciones de mayo.

Aunque su gobierno ha sido muy elogiado por contener la cifra de muertos por COVID-19 al inicio de la pandemia, hace poco ha relajado algunas normas conforme subían con rapidez los contagios por la variante ómicron del virus. Se le ha criticado por esa estrategia, por el desabastecimiento de pruebas diagnósticas de antígenos y porque no se hayan facilitado pruebas gratuitas a toda la población.

El parlamentario John Alexander, extenista profesional, dijo que la intervención personal del ministro de inmigración sería injusta.

“Los poderes personales del ministro para cancelar visas están diseñados para impedir que delincuentes caminen por nuestras calles o que una persona contagiosa camine por nuestras calles, no están diseñados para asistir en la gestión de un posible problema político contingente”, indicó en medios sociales Alexander, que forma parte del Partido Liberal de Morrison pero se retirará tras esta legislatura.

Los abogados de Djokovic alegaron que no necesitaba ofrecer pruebas de vacunación porque tenía pruebas de que se había infectado de coronavirus el mes pasado.

Las autoridades médicas australianas han determinado que se puede conceder una exención temporal a la vacunación para personas infectadas de COVID-19 en los seis meses anteriores.

El juez Kelly señaló que Djokovic había presentado una exención médica que le habían concedido la federación australiana, que organiza el torneo, y dos comités médicos.

“La cuestión que me inquieta un poco es, ¿qué más podía haber hecho este hombre?”, preguntó Kelly al abogado de Djokovic, Nick Wood.

Wood se mostró de acuerdo con el juez en que Djokovic no podía haber hecho más.

Los abogados de la ministra del Interior, Karen Andrews, alegaron en su decisión que la exención sólo podía aplicarse a viajeros que hubieran pasado una infección de COVID-19 si habían tenido un caso grave de la enfermedad.

“No hay indicios de que el solicitante (Djokovic) sufriera una ‘enfermedad médica grave’ en diciembre” cuando dio positivo, según el documento de los abogados.

La ministra Andrews no respondió en un primer momento a una petición de comentarios. Un vocero del ministro de Inmigración reconoció la decisión judicial y señaló que Hawke estudiaba qué decisión tomar.

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